El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó  a José Miguel Narváez, ex-subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a 28 años de prisión por su responsabilidad como determinador en el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999.

En el mismo fallo, la jueza Claudia Marcela Castro ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente condenado por soborno a testigos y fraude procesal, a su hermano Santiago Uribe Vélez, y al general retirado Carlos Alberto Ospina, como presuntos determinadores del asesinato de dos destacados defensores de derechos humanos: Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, quienes fueron asesinados en 1998.

El Filósofo del crimen

José Miguel Narváez, conocido como “El Filósofo del Crimen”, fue uno de los hombres más poderosos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se le atribuye haber sido ideólogo del paramilitarismo, responsable de impartir conferencias y adoctrinamiento político a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde promovía la persecución de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos señalados como “enemigos del Estado”.

• Puede leer: Dos testimonios que vuelven a vincular al expresidente Uribe con paramilitares

Narváez fue condenado como autor intelectual del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, crimen ocurrido en 1999 y que se convirtió en símbolo de la violencia política y la censura en Colombia. Además, ha sido vinculado al asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, padre del actual congresista y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro, así como a operaciones ilegales de espionaje, persecución y recopilación de información contra opositores políticos desde el DAS.

Su trayectoria dentro del organismo de inteligencia y sus nexos con estructuras paramilitares lo consolidaron como una de las figuras más siniestras de la alianza entre poder estatal y violencia ilegal en las décadas recientes.

Señalamiento a los hermanos Uribe

El testimonio clave que motivó la compulsa de copias por Alvaro y Santiago Uribe, proviene del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, quien declaró que en 1997, en la finca La Marranera, se habría realizado una reunión con la presencia de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mandos militares, personerías estatales, y entre los asistentes estaban  los hermanos Uribe Vélez.

• Además: Otro juicio se le avecina a Uribe, esta vez, ante la justicia internacional por falsos positivos

En esa reunión, según Villalba, se habría discutido la elaboración de una lista de personas consideradas “incómodas” por sus denuncias de vínculos entre el aparato estatal y los grupos paramilitares, y que entre esas personas estaban Jesús María Valle y Eduardo Umaña.

Reacción de Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó rápidamente ante la orden de investigar esta presunta responsabilidad en los homicidios de defensores de derechos humanos. A través de su cuenta en la red social X, calificó la compulsa como una “miserable declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.