Por Felipe Ferro
*Diputado Asamblea del Tolima. Centro Democrático.

Entre las tantas perlas de esta Petro-reforma, está el aumento del IVA del 19% a los combustibles, una medida que elevará el precio del galón de gasolina a más de $18.000, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para los bolsillos de millones de colombianos. Lo más indignante es que Petro, en su cinismo, afirma que los pobres no usan gasolina, desconociendo la realidad diaria de quienes dependen de ella para subsistir. Y más grave aún: lo que en el fondo busca es sacarle más plata a los ciudadanos para seguir financiando el derroche, la corrupción y, seguramente, su proyecto político de campaña para el 2026.

La realidad es testaruda y se impone sobre los discursos ideológicos. Según el RUNT, en Colombia existen 19,9 millones de vehículos registrados, de los cuales 12,5 millones son motocicletas. Y aquí está el dato que desnuda la mentira presidencial: el 75% de los propietarios de motos pertenecen a los estratos 1 y 2, es decir, los más pobres. Para ellos, la moto no es un lujo ni un capricho, es el único medio de transporte para llevar a sus hijos al colegio, para ir al trabajo, para transportar mercancías o para moverse en veredas y municipios donde no llega el transporte público. En las zonas rurales, además, la gasolina es esencial no solo para las motos, sino también para las guadañas y otros equipos agrícolas. ¿Cómo puede atreverse Petro a decir que los pobres no usan gasolina? Solo alguien desconectado de la realidad o cegado por la ideología puede sostener semejante despropósito.

La consecuencia inmediata de esta medida será una inflación desbordada. Cuando sube la gasolina, sube todo: el transporte público, los alimentos, las mercancías, el costo de producción agrícola e industrial. Es un efecto dominó que siempre termina aplastando a los que menos tienen. Basta recordar que en 2023, cuando el Gobierno aumentó gradualmente el precio de la gasolina, el transporte y los alimentos encabezaron el alza del índice de precios al consumidor (IPC), contribuyendo al desangre de los hogares colombianos. Ahora, con un impuesto adicional, el golpe será mucho más fuerte y directo.

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Esta no es una reforma para la equidad, es una reforma para la pobreza. En lugar de incentivar la inversión, aliviar la carga tributaria a los emprendedores y promover la productividad, Petro prefiere ahogar con impuestos a quienes luchan día a día para sostener a sus familias. Mientras en otros países se busca dinamizar la economía reduciendo cargas fiscales, aquí se pretende resolver el desorden fiscal exprimiendo a los ciudadanos hasta la última gota de sudor.

La Petro-reforma es confiscatoria, inequitativa y profundamente injusta. Castiga a los que menos tienen, traiciona a la clase media y, lo más descarado, abre una chequera para el derroche oficial, para sostener una burocracia insaciable, alimentar la corrupción y financiar la maquinaria política con la que Petro ya sueña para el 2026. Con un galón de gasolina por encima de los $18.000, millones de familias deberán escoger entre llenar el tanque o llenar la nevera. Eso es lo que Petro llama justicia social. La verdadera justicia, en cambio, será recordarle al país en las urnas que esta reforma no redistribuye la riqueza, sino que redistribuye la pobreza

Y no está de más recordar la visita de Petro a Japón, donde afirmó cómo realizaron la venta de ¡10 millones de toneladas de lechona! Con esto ya se pagaría la reforma tributaria. Supongamos que hayan vendido a $10.000 pesos cada plato, eso representaría unos 400 billones en ingresos de esta megaoperación gastronómica. Entonces yo me pregunto ¿Para qué necesita tanta plata?