Con sustento en un estudio realizado por la entidad a su cargo, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, recomendó realizar una revisión profunda y estructural del régimen de tarifas de servicios públicos vigente en el país.

“No podemos depender de medidas temporales que solo alivian momentáneamente la carga sobre los usuarios; es necesaria una visión a largo plazo que garantice un sistema eficiente, equitativo y sostenible. También es necesario replantear el modelo actual de subsidios para asegurar que lleguen a quienes realmente los necesitan”, dijo el Contralor Rodríguez Becerra.

Recomendó igualmente el fortalecimiento de las labores de inspección vigilancia y control, en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y las comisiones de regulación de agua potable y saneamiento básico y la de energía y gas.

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Así mismo, consideró imperativo el fortalecimiento y rediseño del Sistema Único de Información (SUI), que no está cumpliendo con su objetivo, pues, muchos de los datos reportados por los prestadores son incompletos, imprecisos, inoportunos o no están organizados adecuadamente, lo que dificulta las labores de inspección, vigilancia y control, así como la formulación, dirección y coordinación de las políticas, planes, programas y las regulaciones sobre esta materia.

Superintendencia a cumplir con su papel

Ante esto, estimó necesario que la Superintendencia de Servicios Públicos, cumpla su papel de vigilancia y control y exija a los operadores del servicio, el acatamiento estricto de la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 y, si es del caso, aplique las sanciones correspondientes por la omisión en el reporte de esta información en el Sistema Único de Información (SUI).

El estudio intersectorial, del que surgen estas propuestas, realizado por las Contralorías de Vivienda y Saneamiento Básico y Minas y Energía, hace un “Análisis y Evaluación del Régimen Tarifario de los Servicios Públicos Domiciliarios en el Territorio Nacional”, con información del periodo 2016-2022.

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En 13 actuaciones de control fiscal desarrolladas por la Contraloría durante el periodo 2020-2024, a diferentes empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, se han generado hallazgos con alcance fiscal por valor de $60.097 millones, revela el Contralor. 

Aumento acelerado de las tarifas

La Contraloría identificó en este estudio problemas estructurales en el régimen tarifario, que vienen generando inequidad e ineficiencia en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y un aumento acelerado de las tarifas que ha impactado negativamente los hogares más pobres y vulnerables del país.

“Es necesario preguntarnos, si estas tarifas realmente reflejan mejoras en la cobertura, calidad y continuidad del servicio o si simplemente están trasladando costos a los usuarios sin una justificación clara”, indicó al respecto el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra al instalar en el Auditorio de la Contraloría el Foro “Una mirada al régimen tarifario de los Servicios Públicos Domiciliarios”, donde se presentó y discutió el estudio sobre el tema.

Para el jefe del organismo del control, cualquier intento de reforma del régimen tarifario debe empezar por aumentar la cobertura y calidad de estos servicios.

“Los ajustes al régimen tarifario deben centrarse, entre otras consideraciones, en garantizar que los costos generados por las ineficiencias no recaigan sobre los usuarios, fomentar una mayor competencia y simplificar las fórmulas tarifarias para hacerlas más transparentes y comprensibles”, subrayó igualmente.

Servicio de aseo y barrido también en la lupa de la Contraloría

En relación con el servicio de aseo, se concluye que los costos de barrido y limpieza, en algunas ciudades, superan los valores establecidos por la regulación.

Por otro lado, se observaron discrepancias en los volúmenes de tratamiento de lixiviados reportados por las autoridades ambientales y las reportadas en el Sistema Único de Información (SUI), por parte los prestadores.  Estas inconsistencias tienen implicaciones en los costos económicos y ambientales, impactando la tarifa y las tasas de retribución.

El estudio reconoce que los subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, han mejorado el acceso a los usuarios de bajos ingresos, pero es necesario mejorar la metodología de focalización, pues hoy, está sujeta a la estratificación, la cual, mayormente, está condicionada al estado y apariencia física de los inmuebles y sus entornos, así como el uso de estos y no a la real situación socioeconómica del hogar.

¿Cómo garantizar un mejor servicio?

En cuanto a las tarifas de energía y gas, la firma del "Pacto por la Justicia Tarifaria" en 2022 se considera como un paso importante para intentar mitigar el impacto de estas alzas, pero al mismo tiempo el ente de control dice que, aunque bien intencionado, no ha logrado resolver de manera integral los problemas estructurales que aquejan a estos servicios. Entre 2022 y 2023, el costo de la energía eléctrica aumentó un 43% a nivel nacional, afectando especialmente a la Región Caribe.

Por otro lado, las ineficiencias y la falta de inversión en infraestructura energética son evidentes, y especialmente críticas en la actividad de distribución, que representa el 40% del costo unitario del servicio. “Estas ineficiencias no solo elevan los costos para los usuarios finales, sino que también socavan la confianza en el sistema y perpetúan un ciclo de aumentos tarifarios que parece no tener fin”, advirtió el Contralor General.

Finalmente, el Contralor Rodríguez Becerra hizo un llamado al Gobierno nacional para fomentar una colaboración armónica que permita garantizar un mejor servicio, evitar una crisis y abordar de manera conjunta la revisión de las tarifas del servicio de energía, así como los diversos problemas financieros que enfrentan los prestadores de servicios. “Muchas de estas dificultades son consecuencia de factores como el incumplimiento en el pago de la opción tarifaria, las demoras en el giro de subsidios y las deudas acumuladas por parte de las entidades públicas, entre otros”, subrayó.