Una serie de denuncias que dejaron al descubierto una presunta explotación laboral contra los trabajadores de tiendas D1, llevó a que el Ministerio del Trabajo abriera una investigación a esta popular cadena del modelo "hard discount". 

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la investigación luego que Señal Colombia y la Revista Raya publicaron las denuncias de varios trabajadores de D1 y del presidente de su sindicato Jairo Ángel Ciro. 

"Sería de suma gravedad que supermercados D1 con utilidades en el 2024 por $373.200 millones que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo que he ordenado abrir investigación inmediata sobre ello", reveló Sanguino en su cuenta personal de X.

Sería de suma gravedad que supermercados D1 con utilidades en el 2024 por $373.200 millones que equivalen a lo q ganan 225.000 trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo q he ordenado abrir investigación inmediata sobre ello. https://t.co/hrwml5rPA9

— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) June 2, 2025

Las denuncias sostienen que existe una carga laboral "sobrehumana" contra los trabajadores de D1, gestionadas por Cobs Group, que a su vez tiene como principal accionista al grupo Valorem de la familia SantoDomingo. 

Una de las denuncias la hizo el trabajador de un D1 en Popayán, Cauca, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias. Él sostuvo que sus 30 funciones implicaban la descarga de mercancía, aseo, distribución de productos, cajero, atención al cliente y hasta vigilante. Todo, al parecer, por su salario mínimo. 

"Tenemos por cumplimiento de ventas, de inventarios, agilidad en caja; incluso hay ocasiones en que se debe tener agilidad en caja, atención al cliente, estar pendiente de la vigilancia y estar pendiente de entregar las vueltas exactas. Es una presión laboral que vivimos a diario", dijo el denunciante. 

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La denuncia de otra trabajadora apunta a los contratos de la modalidad "uso y confianza", que puede obligar a los trabajadores a cumplir turnos de hasta 12 horas seguidas, a cambio de un sueldo de $2 millones mensuales. Sin embargo, luego de completar las ocho horas reglamentarias, no les pagarían horas extras. 

"Manejamos un contrato de uso y confianza, que coloquialmente llamamos abuso y confianza, porque es un contrato a necesidad de la tienda. Si nos toca pasarnos 10, 11 o 12 horas realizando nuestras funciones, nos tocaría quedarnos, pero no pueden ser reportadas en los horarios, ya que a nosotros no se nos pagan horas extras", aseveró la mujer. 

La misma mujer sostiene que tampoco les respetan la desconexión laboral. "Si uno ya terminó un turno de seis horas, nos llaman o nos escriben al WhatsApp personal, diciendo que se presentó una novedad en otra tienda y tenemos que ir a hacer cuatro horas en esa tienda. Y si uno se llega a negar, inician un persecución laboral", acotó. 

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Por su parte, Jairo Ángel Ciro aseguró que el sindicato ha radicado alrededor de 700 querellas ante el Ministerio de Trabajo, sin que ninguna surta resultados o avances concretos hasta ahora. 

"De esas querellas nos han dado respuesta de unas cinco o seis. Hemos enviado las pruebas y todo lo que nos han pedido, y no ha sucedido absolutamente nada. Que intervenga directamente el Ministerio del Trabajo, porque en las querellas que nos han dado respuesta abren una investigación preliminar, y en 15 o 20 días aparece archivada", enfatizó Ciro. 

De acuerdo con el informe, los trabajadores de D1 reclaman el pago de horas extras y la contratación de mayor personal y seguridad privada, para así disminuir la carga laboral.