La reciente socialización del proyecto para construir un túnel de alcantarillado en las inmediaciones del Parque Centenario dejó más dudas que certezas entre la comunidad. Según el concejal Andrés Zambrano, el contrato, que supera los $3.000 millones de pesos, fue adjudicado por el IBAL en abril, pero solo se dio a conocer un mes después debido a la fuerte presión de las veedurías ciudadanas y las visitas técnicas de la Contraloría. Para los líderes locales, este acto no fue una iniciativa de transparencia de la entidad, sino una respuesta defensiva ante los constantes cuestionamientos.

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Uno de los puntos más críticos discutidos en el encuentro fue la entrega de un anticipo de más de $700 millones al contratista, Consorcio Centenario 2026. El concejal Zambrano denunció que, mientras el contrato establece pagos por actas parciales de ejecución, el contratista justificó el anticipo para la compra de materiales que, según él mismo admitió, ya había adquirido previamente. Esta contradicción financiera ha generado una profunda desconfianza sobre el manejo de los recursos públicos en una obra que representa casi el 40% del valor total de la remodelación del parque.

La hermeticidad informativa también marcó la jornada. Carlos Antonio Bonet, director de Planeación de la obra, se negó a entregar declaraciones a la prensa, argumentando que el único autorizado para hablar es el gerente del IBAL, Roberto Santofimio. Esta falta de respuestas directas sobre los cronogramas y la inversión técnica solo aumentó la incertidumbre de los ibaguereños, quienes ven cómo el proyecto principal del parque sigue acumulando retrasos y nuevas intervenciones subterráneas que no estaban previstas inicialmente de forma clara.

Existe además una evidente preocupación por los tiempos de ejecución. El nuevo contrato tiene un plazo de cuatro meses, lo que extendería las labores hasta agosto, contradiciendo la promesa de la Alcaldía de entregar el parque en junio. Zambrano recordó que la administración ha incumplido sistemáticamente los plazos anteriores, citando que la adecuación urbanística debía tardar cinco meses y ya completa diez sin concluirse. El escenario actual sugiere que la ciudad recibirá un parque “superficialmente terminado" mientras debajo continúan las excavaciones y la inestabilidad técnica, según el cabildante.

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El concejal y las veedurías anunciaron que elevarán estas denuncias ante los entes de control para proteger el patrimonio municipal. Zambrano fue enfático al señalar que, aunque el IBAL actúa como su propio interventor y supervisor en este proceso, la ciudadanía mantendrá una vigilancia rigurosa. La desconfianza radica en que, tras años de fallos en proyectos como el acueducto complementario, la actual gestión del IBAL sigue reflejando, para el concejal, una preocupante improvisación administrativa y financiera.