La Contraloría General de la República adelanta actualmente en el Departamento del Tolima un total de 93 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $66.685 millones, por irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Dice el ente de control que en la mayoría de estas actuaciones se vincularon las compañías aseguradoras y se decretaron medidas cautelares, con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Las irregularidades objeto de mayor cantidad de procesos de responsabilidad fiscal corresponden a proyectos de Saneamiento Básico (Acueducto y Alcantarillado): se adelantan 22 por $21.089 millones.

En el informe, la CGR destaca las siguientes actuaciones:

Casas Fiscales San Luis

Un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de 51 viviendas  fiscales correspondientes a la segunda etapa del proyecto Ciudadela Policial CENOP en el municipio de San Luis. Aquí la entidad fiscal afectada es el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional De Colombia, en cuantía de $5.364 millones.

Esta obra en su segunda etapa fue suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la sociedad SOCAR INGENIERIA LTDA, por un valor de $6.697 millones.

• Puede leer: Veedurías, expectantes por presencia en Ibagué de Contralor de la República

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia en la que se evidenció que no se lograron ejecutar las obras, con ocasión a su indebida programación, el proyecto quedó desfinanciado, sin recursos para su culminación; derivando en una obra abandonada, que hoy es un elefante blanco.

Hospital Federico Lleras

Otro proceso de responsabilidad fiscal tiene que ver con irregularidades en el mejoramiento del servicio de radioterapia del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

En este caso la CGR dice que la entidad afectada es el Hospital Federico Lleras Acosta en cuantía de $4.895 millones. Este fue un contrato suscrito en el año 2021 entre la ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué y el Consorcio ART TOLIMA 2021, por un valor de $12.268 millones.

En este caso la CGR encontró que se presentaron falencias en la planeación del proceso de contratación, puesto que no fue tenido en cuenta el tamaño del equipo denominado “acelerador lineal” contratado, respecto de las dimensiones del bunker o bóveda construido previamente para su instalación, pues el tamaño de dicho equipo era superior a las del lugar de su instalación, lo que conllevó a que no se pudiera cumplir el objeto contractual en la forma en que fue pactado.

• Lea también: Empieza proceso de actualización catastral en el Tolima

Colegio Reyes Umaña

Uno de los colegios afectados por el incumplimiento de contratistas dentro del convenio suscrito entre el FFIE y la Alcaldía de Ibagué para la ampliación y mejoras de colegios de la ciudad, ha sido la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña de Ibagué. Aquí el daño fiscal de acuerdo con la CGR asciende a $4.801 millones, sumado a las diferentes prorrogas, suspensiones, terminaciones anticipadas y deficiencias constructivas, entregadas por los contratistas.

En la visita que realizó la Contraloría General de la República, se evidenció que el proyecto desde su inicio presentó graves demoras, excediendo el tiempo de la entrega de diseños, retraso seguido de una cesión, lo que implicó la prórroga de tiempos que no fueron contemplados inicialmente.

Como consecuencia de lo anterior, dice la CGR, se tiene una obra que no presta ningún beneficio, sin uso y disfrute por parte de la comunidad, debido a que se encuentra abandona. Entre las irregularidades halladas: falta de amortización del anticipo del contrato; mayor valor del m2 construido; y mayores costos de interventoría. Los hechos irregulares descritos no se alertaron en los informes presentados por las interventorías realizadas en cada contrato por lo que se considera daño fiscal el valor total girado en los contratos de interventoría.

Fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados

Señala la Contraloría General de la República que durante el periodo de la actual administración  se han proferido 12 fallos con responsabilidad fiscal que se encuentran debidamente ejecutoriados, por cuantía total de $ 8.606 millones, de los cuales, a la fecha, se ha recaudado y logrado el resarcimiento de $920 millones:

El fallo de mayor cuantía es por $4.024 millones, por la pérdida de recursos del sistema de salud con ocasión de los pagos efectuados por la Secretaría de Salud del Tolima a la IPS Fundasalud, con destino al suministro de medicamentos, de los cuales no se encontraron soportes sobre su ejecución, solamente una gran cantidad de cheques girados y cobrados por personas que no tenían ninguna relación comercial con la señalada IPS.

En este caso se declaró como Responsable Fiscal a la Fundación Vida y Salud Solidaria – FUNDASALUD IPS.