En Ibagué, donde se estima que más del 45% de los hogares urbanos habitan en propiedad horizontal —especialmente en zonas como El Salado, Picaleña, Cádiz, Jordán y la comuna 9—, la entrada en vigor de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley Antirruido, ha generado una ola de ajustes internos en los conjuntos residenciales para evitar sanciones y garantizar la convivencia.

Esto se suma al cumplimiento de normas previas como la Ley 675 de 2001 (que regula la propiedad horizontal) y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), las cuales ya establecían responsabilidades en materia de orden y respeto entre vecinos.

Primeras respuestas en Ibagué

En edificios ubicados en barrios como San Francisco, Rincón de la Palma y Arkalá, las administraciones han implementado medidas como:

• Instalación de vidrios antiruido en salones sociales.
• Restricción de horarios para uso de terrazas y BBQ.
• Revisión de regulaciones internas en los manuales de convivencia.
• Insonorización parcial de zonas de entretenimiento.

“En nuestro conjunto se decidió limitar los eventos nocturnos a las 10 p.m. y estamos evaluando la instalación de paneles acústicos en el salón comunal”, afirmó Sandra Rojas, administradora de un edificio en Cádiz.

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Conjuntos con conflictos frecuentes

En otras zonas como Fuentes del Vergel, Bosques de Varsovia y conjuntos cercanos a la vía Mirolindo, los problemas son frecuentes por el ruido de fiestas, motocicletas, ventas ambulantes y tráfico vehicular. Algunos residentes expresan preocupación porque los comités de convivencia no cuentan con herramientas técnicas para medir decibeles ni conocen los nuevos parámetros legales.

¿Qué dice la Ley Antirruido 2450 de 2025?

Esta norma fija límites de decibelios según la zona y el horario, otorgando a la Policía Ambiental y al cuerpo de inspecciones municipales de Tolima facultades para:

• Medir ruido en tiempo real.
• Imponer multas económicas inmediatas.
• Suspender actividades en salones sociales reincidentes.
• Ordenar cierres temporales de establecimientos internos como gimnasios o tiendas de conjunto.

Además, exige que los municipios, incluido Ibagué, ajusten sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para crear zonas de mitigación acústica.

El papel de las Administraciones y Consejos de Convivencia

Bajo la Ley 675 de 2001, los consejos de administración deben incluir en sus manuales internos las nuevas disposiciones, definir horarios de ruido permitidos y establecer sanciones internas para propietarios o arrendatarios que incumplan. La Ley 1801 refuerza dichas obligaciones con medidas de comparendos y decomisos de elementos sonoros.

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Barrio San Francisco: un ejemplo de adaptación.

En este sector del norte de Ibagué, algunos propietarios han tomado la iniciativa personal de insonorizar sus apartamentos debido a la cercanía de establecimientos comerciales. “Preferimos invertir unos millones en aislamiento acústico antes que enfrentarnos a quejas y procesos legales”, comentó un residente.

¿Y los conjuntos de municipios del Tolima?

En municipios como Espinal, Melgar y Honda, donde la actividad turística genera fiestas y eventos hasta altas horas de la noche, las administraciones de conjuntos vacacionales han empezado a contratar ingenieros acústicos para evaluar riesgos y evitar sanciones por parte de las autoridades locales.

El reto: entre la conciencia ciudadana y la capacidad institucional

Aunque el marco legal es claro, su efectividad depende de dos factores críticos: la cultura ciudadana y la capacidad de los organismos de control en Ibagué y el Tolima para ejercer vigilancia. Administradores consultados advierten que sin herramientas de medición o acompañamiento institucional, la norma podría quedarse en letra muerta o generar conflicto interno. Y eso es pan de cada día. Llaman a la Policía y esta no llega al lugar, dijo otra de las administradoras que pidió reserva de su nombre.

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Una nueva etapa para la convivencia urbana

Con la entrada en vigencia de la Ley Antirruido, los conjuntos residenciales de Ibagué están llamados a replantear su forma de convivir. Mientras algunos ya se adaptan de manera preventiva, otros esperan lineamientos más claros por parte de las autoridades municipales y capacitaciones por parte de la Personería y la Secretaría de Gobierno.

Lo cierto es que el silencio, más que una obligación legal, se está convirtiendo en una exigencia ciudadana para preservar el descanso, la salud mental y la buena convivencia entre vecinos en una ciudad que sigue creciendo verticalmente.

Aunque, el tema del ruido de los piques ilegales en ciertas zonas residenciales, en especial de motocilceltas con silenciadores bastante ruidosos, seguirá siendo parte de esos problemas de nunca acabar.