Hasta el Consejo de Estado llegó una demanda de pérdida de investidura en contra del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, mientras este todavía se debate entre la vida y la muerte en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.

*Se trata de una demanda que radicaron en su contra la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen).*

El documento, radicado 12 días después del atentado, reclama la pérdida de los derechos políticos para Uribe Turbay por hacer campaña para la Presidencia de la República, pese a que todavía era senador. *Con sus actos proselitistas, como el del pasado 7 de junio cuando fue víctima del atentado, habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades*, según los sindicatos.

"Con dicha conducta, el senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1º, de la Constitución Política, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades (...) y *su acto de imprudencia generó consecuencias de ataque a su propia humanidad*, pero que no lo exime de su responsabilidad así sea un legislador de la cámara alta del Senado de la República de Colombia", reza el documento.

En ese sentido, ha llamado la atención que el documento responsabiliza a Miguel Uribe del atentado que él mismo sufrió y lo tiene en cuidados intensivos desde hace casi tres semanas. "Más aún de que por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo", se lee.

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En su argumentación, los sindicatos intentan demostrar que Miguel Uribe, con la violación de la ley, terminó por exponerse al cruento atentado. "*El riesgo a su integridad personal derivado del rechazo ciudadano no mitiga su responsabilidad, ni exonera la infracción constitucional,* pues el ordenamiento jurídico protege la vida humana, pero no tolera el abuso de poder desde una curul congresional”, aseveran.

Por reparto, la demanda le correspondió al actual presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. De prosperar, Uribe Turbay podría perder su curul en el Senado, más allá de lo que ocurra con su salud o vida.