Duras aseveraciones emitió el presidente de la Asamblea del Tolima, Giovanny Molina, luego que el presidente Gustavo Petro anunció que convocará la consulta popular sobre la reforma laboral a través de un decreto.

El presidente de la Asamblea sostuvo que el jefe de Estado atenta contra la Constitución Política de 1991, toda vez que en su artículo 104 aclara que las consultas populares necesitan un concepto favorable por parte del Senado de la República. Concepto favorable que fue negado el pasado 14 de mayo.

"El presidente Petro da muestras todos los días de querer conformar una dictadura. No respeta los poderes, ni las instituciones. Confunde el rol del ejecutivo con el del legislativo y pretende imponer su voluntad desconociendo el Estado social de derecho”, afirmó.

Asimismo, Molina se sumó a quienes sostienen que el gasto de la consulta popular, el cual superaría los $700.000 millones, resulta innecesario. Según el diputado, esa millonaria suma estaría dirigida a movilizar simpatizantes del Gobierno en plena antesala de las elecciones presidenciales y legislativas del 2026.

“Esa plata podría usarse para atender la grave crisis de entrega de medicamentos, pagar las deudas de las EPS con los hospitales del Tolima y ejecutar las obras que este Gobierno ha abandonado. Pero no, quieren usarla para hacer campaña, para llenar plazas y reforzar el proyecto político de Petro”, denunció el diputado.

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Y agregó que el gobierno de Petro "solo hace cosas por encima de la ley y el orden constitucional. Esto no es un juego y Gustavo Petro nos está llevando a la dictadura".

A la postura de Molina se sumaron otros sectores del Tolima, como los Gremios Económicos, los cuales también rechazaron que Petro desafíe al Congreso y decida convocar la consulta popular desconociendo la votación del Senado.

"Expresamos nuestro rechazo frente al anuncio del Presidente de la República de convocar por decreto una consulta popular, a pesar de la negativa del Senado. Esta decisión vulnera la Constitución, desconoce la separación de poderes y afecta la estabilidad institucional del país", reza el comunicado que emitieron los Gremios.

De acuerdo con los Gremios, la decisión de Petro genera polarización, incertidumbre jurídica y desconfianza en ciudadanos e inversionistas.

"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a respetar el orden constitucional y a propiciar consensos a través de canales legítimos, sin imposiciones ni descalificaciones, en beneficio de Colombia y sus regiones", concluyen.