La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Así lo reveló este martes 3 de junio la fiscal del caso, María Cristina Patiño, durante una rueda de prensa.

La fiscal confirmó que el ministro será judicializado por el escándalo de corrupción que más ha golpeado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, primero un juez deberá avalar el principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien se ha convertido en testigo clave de la Fiscalía en este caso. 

Luego que un juez avale el preacuerdo entre la Fiscalía y Benavides, fijarán la fecha para la audiencia de imputación de cargos en contra de Bonilla. 

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"La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que en virtud de una negociación de principio de oportunidad tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. Ese principio de oportunidad se va a radicar a finales de esta semana y una vez el juez de control de garantías a quien corresponda decidir la legalidad de este principio de oportunidad lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla”, explicó la fiscal. 

Asimismo, la fiscal Patiño indicó que tienen previsto impurtarle a Bonilla dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. "Vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos que son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos", puntualizó. 

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El nombre de Ricardo Bonilla, un hombre muy cercano en su momento al presidente Petro, ha salido a relucir en testimonios como el del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el subdirector Sneyder Pinilla, ambos detenidos por este mismo escándalo, quienes señalaron al exministro de direccionar convenios por $92.000 millones para favorecer a congresistas.

Según sus testimonios, Bonilla ordenó favorecer a los congresistas con la contratación en algunos municipios a cambio de sus votos para aprobar créditos o proyectos de ley en el Congreso. Figuran nombres como los de los congresistas Wadith Manzur y Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Circunscripciones de Paz) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).