El presidente Gustavo Petro le respondió al jurista tolimense y exfiscal general, Alfonso Gómez Méndez, quien sostuvo que convocar la consulta popular por decreto llevaría al jefe de Estado y sus ministros a responder por los delitos de prevaricato y abuso de la función pública.

Si bien el presidente Petro se mostró dispuesto a congelar la iniciativa de la consulta popular tras el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, después cambió de opinión debido al cierre del Senado de la República por 72 horas.

La decisión de la Mesa Directiva del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, que consistió en cerrar el Congreso como demostración de solidaridad con Uribe Turbay y su familia, llevó a Petro a insistir en su iniciativa de convocar la consulta popular por decreto.

"El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato. Se trata del artículo 33 de la Ley 1757, que permite, a nivel legal, diferenciar entre si el Senado vota el concepto previo, sea favorable o desfavorable, o no se pronuncia. En ambas opciones el decreto es presidencial", escribió Petro en su cuenta de X.

El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato, se trata del artículo 33c de la ley 1757, que permite a nivel legal, diferenciar entre si el senado vota el concepto previo, sea favorable o desfavorable o no se pronuncia. En ambas opciones el… https://t.co/a39457bH13 pic.twitter.com/qyIkNBe7WA

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025

El presidente insiste en desconocer la votación del pasado 14 de mayo, en la que el Senado negó el concepto favorable de la consulta popular. Para Petro, dicha votación fue un fraude y nunca se pronunció oficialmente sobre la consulta popular, teoría que reforzó con un fallo de tutela en el que se reconoce que a la senadora María José Pizarro le vulneraron su derecho al debido proceso legislativo durante la votación.

"El juez, al establecer por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenar, sin que haya sido acatado, la apelación de la senadora María José Pizarro, determinó que no se finiquitó el voto por el concepto previo, ni desfavorable ni favorable. No se perfeccionó la votación", arguyó Petro.

Con base en la Ley 1757, Petro indicó que tiene como plazo máximo el 12 de junio para convocar la consulta popular por decreto. Después de ese día no podría hacerlo. Y con el cierre temporal del Senado, el presidente Petro teme que fracasen tanto la consulta popular por decreto como la reforma laboral en el Congreso.

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"Ahora bien, a pesar de que estaba dispuesto a congelar la consulta popular si el Senado aprobara la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios, en la Cámara; el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la Ley 1757", explicó Petro.

Por tanto, el presidente Petro acusó a Efraín Cepeda de usar el atentado a Miguel Uribe para dilatar el debate de la reforma laboral y enredar la consulta popular por decreto. "Usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral", escribió.

Se prevé que este miércoles 11 de junio, en Cali, el presidente firme el decreto de la consulta en medio de movilizaciones sociales a las que planea asistir. El documento ya tendría estampada la firma de todos los ministros.