Pedro Tolosa, propietario de una buseta de transporte público en Ibagué, cumple cinco días encadenado a su vehículo de trabajo y ubicado frente a las instalaciones de la empresa Logalarza, en la carrera Quinta entre calles 23 y 25. Tolosa recurrió a esta medida extrema para exigir que se le permita volver a circular tras sumar más de 170 días inactivo por decisión de la compañía, situación que ha dejado sin ingresos a su familia y mantiene bajo grave amenaza su patrimonio.

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Según expuso en diálogo con El Cronista.co Michael Cepeda, presidente de la Asociación TPC Colectivos de Ibagué, el origen del conflicto obedece a la paralización unilateral del vehículo ordenada por la gerencia de la empresa, a cargo de Marleny Cruz, bajo la presunción de una supuesta deuda del propietario. Cepeda advirtió que la compañía pretende cobrarle a Tolosa los costos administrativos correspondientes a los más de cinco meses en los que el carro permaneció paralizado por orden de la misma entidad, una suma que el afectado considera impagable al no haber generado ningún tipo de rendimiento económico.

El líder gremial denunció ante este medio que la gerencia de la empresa está usurpando funciones que le corresponden únicamente a la Secretaría de Movilidad. Cepeda argumentó que ninguna operadora privada posee la facultad legal para inmovilizar un vehículo de servicio público, precisando que ante cualquier cobro pendiente la vía correspondiente es una demanda en el fuero civil y no la suspensión forzada del trabajo.

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Para mantener la vigilia y resguardarse de las inclemencias del clima, Pedro pasa las noches en el interior de la buseta a la que continúa atado. Las exigencias concretas del transportador para levantar la protesta se centran en dos puntos inmediatos: que la empresa le asigne un conductor para reactivar la operación del vehículo y que se le perdonen o anulen los cobros acumulados durante los 170 días en los que se le impidió laborar de manera injustificada.

Esta situación evidencia la profunda crisis estructural que atraviesa el gremio transportador en la capital tolimense debido a las deficiencias en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Según advirtió el dirigente, la falta de garantías laborales para los conductores, el envejecimiento del parque automotor y las determinaciones arbitrarias de las empresas operadoras ya han desencadenado paros y jornadas de encadenamiento previas en la ciudad.

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Finalmente, a través de la entrevista concedida a este portal, el representante del gremio de transportadores hizo un llamado urgente a la Secretaría de Movilidad, a la gerencia del SETP y a la alcaldesa municipal para que intervengan formalmente en las decisiones de la empresa Logalarza. Los voceros advirtieron que, de no restablecerse de inmediato los derechos laborales de Pedro Tolosa y garantizarse la operación regular de su buseta, el sector no descarta escalar las medidas de presión a otras instancias en Ibagué.