La Fiscalía General de la Nación consiguió desarticular una red que integraban miembros de la Fuerza Pública activos y en uso de buen retiro, la cual se dedicaba a la comercialización ilegal de armamento y municiones para las disidencias de las Farc en Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como con bandas ilegales urbanas en Bogotá.

En total, la Fiscalía judicializó a 10 personas que, al parecer, se dedicaban a sustraer armas, municiones y explosivos en batallones ubicados en Bogotá, además del Fuerte Militar de Tolemaida y de la sede de Indumil en Soacha, Cundinamarca.

Al parecer, también utilizaban salvoconductos vencidos para inducir al error a comerciantes dedicados a la venta legal de municiones para armas de uso personal.

Se trata de Alberto Hernando Orozco Salcedo, Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Jhon Alexander Salgado Osorio, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La red delincuencial estaría conformada por personal activo y retirado del Ejército Nacional y la Policía Nacional, y civiles con actividades comerciales legales que servirían de fachada para ocultar las acciones ilegales.

Entre los procesados se encuentra Jhon Alexander Salgado Osorio, un soldado profesional del Ejército Nacional, quien se encargaría de sustraer municiones, granadas y partes de armamento de los batallones para venderlas a través de intermediarios.

Mientras que Orozco Salcedo, intendente pensionado de la Policía, sería uno de los cabecillas de la red criminal, y reclutaría a personas con acceso a Indumil para sacar las armas de fuego y municiones que posteriormente vendían con permisos falsos.

Urueña Díaz, Mosquera Ramírez, Wilches Vargas, Puentes Puentes, Valenzuela Ramírez, Orozco Salcedo y Bastidas Ardila aceptaron los delitos imputados. Por disposición de un juez de control de garantías, les impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a todos los capturados, mientras avanza el proceso judicial en su contra.