La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelantó visitas de inspección a 27 establecimientos de comercio, tanto físicos como electrónicos, para verificar el cumplimiento de la Ley 2354 de 2024, que regula la venta de tabaco y extiende sus disposiciones a los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, conocida como la ‘ley antitabaco’ o ‘ley antivapeo’.

Como resultado de estas inspecciones, la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor identificó que diez proveedores habrían vulnerado la normativa y los derechos de los consumidores, al presentar controles insuficientes para impedir el acceso de menores de edad. Ante esta situación, la SIC anunció una serie de medidas obligatorias para fortalecer la verificación de mayoría de edad y garantizar el cumplimiento de la ley.

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Entre las acciones ordenadas se encuentran la implementación de sistemas de doble verificación de edad tanto al ingresar a la sección de productos como al momento del pago; la inclusión de leyendas visibles de “Solo para mayores de 18 años”; alertas claras sobre la entrega exclusiva a adultos con verificación de documento; filtros tecnológicos que bloqueen navegación, registro y compra a menores; y protocolos estrictos de control durante la entrega a domicilio.

Más allá del control comercial, las autoridades reiteraron que el vapeo representa un riesgo significativo para la salud. Diversos estudios han demostrado que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias tóxicas que afectan el sistema respiratorio, cardiovascular y neurológico, y que su consumo puede generar dependencia, incluso en productos que se promocionan como “libres de nicotina”.

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El impacto del vapeo no se limita a quienes lo consumen. La exposición pasiva a los aerosoles liberados por estos dispositivos puede afectar a terceros, especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes inhalan partículas ultrafinas, metales pesados y compuestos químicos irritantes que permanecen en el ambiente, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y alergias.

En este sentido, la SIC enfatizó que la restricción del acceso a estos productos no solo busca proteger a los menores como consumidores, sino también reducir la exposición involuntaria de la población a sustancias nocivas, reforzando el principio de prevención en salud pública y el derecho de los niños y adolescentes a crecer en entornos libres de humo y vapores tóxicos.