La reforma tributaria del Gobierno, conocida como “Ley de Financiamiento” y promovida por el presidente Gustavo Petro, busca obtener $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2027. Sin embargo, su trámite en el Congreso está frenado.

Las discusiones en las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes no han avanzado. La última sesión, realizada el 3 de diciembre, terminó en una fuerte confrontación luego de que en las comisiones tercera y cuarta del Senado se registraran dos votos a favor de hundir la reforma y dos en contra.

Además, se acusó a la Comisión Cuarta de la Cámara de romper el quórum para darle oxígeno al proyecto. El representante Wilmer Castellanos, del Partido Alianza Verde, fue señalado de maniobrar para impedir su archivo.

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Aunque las comisiones del Senado inicialmente votaron para archivar la iniciativa, esta logró sobrevivir gracias a una ponencia positiva impulsada por el Gobierno. Los congresistas fueron nuevamente citados para el martes 9 de diciembre, en medio de la percepción de que la reforma está en “cuidados intensivos”.

Durante la última sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, afirmó que el Gobierno eliminó los artículos más polémicos para facilitar el trámite. Sin embargo, señaló que persiste una “vendetta” contra el Ejecutivo, pese a las consecuencias que podría generar el hundimiento de la reforma. Recordó también que la aprobación de la Ley de Financiamiento es esencial para garantizar recursos de los programas sociales del Gobierno Petro.

Las modificaciones a la Ley de Financiamiento

En la ponencia final de la reforma tributaria, fueron eliminadas medidas como el impuesto a las iglesias, el IVA a la gasolina y ACPM para 2026, el margen minorista del GMC, el impuesto a cirugías estéticas y exposiciones, el impuesto al transporte de valores, la derogación del descuento a dividendos, el aumento de la tarifa marginal de renta, y la sobretasa al carbón equiparada al petróleo. Estas decisiones reducen de manera significativa el recaudo previsto inicialmente, quitando varios artículos que generaban alta controversia.

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Por otro lado, fueron modificadas medidas como la unificación de la tarifa de bebidas alcohólicas, el incremento de la tarifa de licores, el impuesto a compras virtuales (Minimis), el aumento de la tarifa al carbono, el incremento de la tarifa para vehículos híbridos, el IVA a servicios de software y nube, el fortalecimiento de los controles de la DIAN y la normalización tributaria.

Quedaron igual la sobretasa al sector financiero, el impuesto a juegos digitales, el IVA a hospedaje de no residentes y el aumento del impoconsumo. Estas modificaciones y mantenimientos buscan ajustar el impacto fiscal sin eliminar completamente las fuentes de recaudo propuestas por el Gobierno.

Advertencia de la Contraloría

La Contraloría alertó que el presupuesto aprobado para 2026 depende en gran medida de una reforma tributaria aún no aprobada, lo que introduce riesgos fiscales y presupuestales.

Según el organismo de control, el presupuesto de gasto para 2026 asciende a $546,9 billones, un aumento del 4 % frente a 2025, mientras que los ingresos proyectados son de $530,7 billones. Esto genera un desbalance de $16,3 billones, monto que el Gobierno espera cubrir con la reforma tributaria actualmente estancada.