En un comunicado presentado a la opinión pública el 10 de julio de 2025, la Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda del Campestre manifiesta su preocupación por el presunto incumplimiento de las autoridades locales frente a la implementación del transporte público accesible en Ibagué.

Pese a contar desde hace más de un año con 41 busetas equipadas con plataformas para personas con movilidad reducida, la ciudad de Ibagué sigue sin garantizar un transporte público accesible e incluyente. Así lo denuncia la Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda del Campestre, que advierte un grave incumplimiento de compromisos adquiridos por las autoridades locales.

La situación no es nueva. Desde abril de 2024, la veeduría ha elevado dos derechos de petición, exigiendo claridad sobre el uso de estos vehículos y solicitando acciones concretas por parte de la Secretaría de Movilidad y las empresas operadoras. Hasta la fecha, no ha recibido respuestas efectivas, lo que agrava la preocupación ciudadana.

En el más reciente debate de control político en el Concejo de Ibagué, el concejal Joseph González calificó como “prácticamente perdido” el año y medio de la Administración Municipal en materia de Discapacidad. Señaló también la baja implementación de la Política Pública de Discapacidad, aprobada en 2024. “Ojalá esta política no se convierta en una de tantas que queda en el papel”, expresó.

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La veeduría también recordó que, aunque se realizaron mesas técnicas a finales de 2024 con participación de la Personería Municipal, la Secretaría de Movilidad y empresas transportadoras, las promesas siguen sin materializarse. Las busetas no están identificadas como accesibles, las plataformas no se usan y no se ha hecho el censo poblacional para establecer la demanda del servicio.

Según cifras socializadas por el la Administración Municipal, se estima que entre 4.600 y 10.000 personas con discapacidad viven en Ibagué, muchas de ellas niños y adultos mayores.

Además del silencio institucional, la veeduría advierte que este incumplimiento vulnera derechos fundamentales consagrados en normas nacionales como la Ley 769 de 2002, el Decreto 1660 de 2003 y la Ley 1346 de 2009 y desconoce los principios de igualdad y no discriminación.