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Otro juicio se le avecina a Uribe, esta vez, ante la justicia internacional por falsos positivos
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, vinculado con ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La justicia argentina investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno, entre 2002 y 2008. El caso fue presentado por organizaciones colombianas de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes denunciaron más de 6.100 ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La querella fue admitida formalmente en noviembre de 2023 por un juzgado federal en Buenos Aires, amparado en el principio de jurisdicción universal. Desde entonces, el proceso ha avanzado con solicitudes de información a la Corte Penal Internacional y el análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos denunciados.
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En julio de 2024, el juzgado dio un paso clave al reconocer formalmente a los familiares de las víctimas como parte querellante, lo que les permitió intervenir directamente en la causa. Las víctimas han reiterado que en Colombia no han encontrado verdad ni justicia y señalan a Uribe como principal responsable de una presunta política sistemática de asesinatos.
Proceso internacional
Un año después, en julio de 2025, mientras en Colombia concluía el juicio contra el expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal —delitos por los que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria—, la investigación en Argentina entró en una nueva fase.
El juez federal de Buenos Aires inició la práctica formal de pruebas, incluyendo la recepción de testimonios, peritajes forenses y documentos relacionados con la cadena de mando militar. Este avance marca el paso hacia una fase sustancial en el tratamiento del caso.
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En paralelo, la presión internacional creció. El 01 de agosto de 2025, un grupo de 28 expresidentes iberoamericanos entre ellos Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, solicitó a la ONU y a la OEA monitorear el proceso, alegando supuestas irregularidades y una presunta persecución judicial contra Álvaro Uribe Vélez.
Las organizaciones de derechos humanos que interpusieron la querella aseguran que son falsas las acusaciones de los expresidentes y que este caso lo consideran un hito en la lucha contra la impunidad.
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