La Fiscalía General de la Nación emitió una resolución de acusación contra nueve militares en retiro por su presunta participación en actos de tortura cometidos contra civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985. 

Entre los acusados figuran el general (r) Iván Ramírez Quintero y los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez, quienes para la época ocupaban cargos en unidades de inteligencia. Junto a ellos también serán llevados a juicio varios suboficiales, señalados como coautores impropios del delito de tortura agravada.

Civiles trasladados a guarniciones militares

Según la Fiscalía, las víctimas —en su mayoría civiles que lograron salir con vida del edificio— fueron catalogadas como “sospechosas”, llevadas a la Casa del Florero y posteriormente trasladadas a instalaciones militares. Allí habrían sido sometidas a torturas físicas, psicológicas y morales, pese a no tener ninguna relación con el M-19 ni con la toma armada.

Entre los afectados se encontraban estudiantes de Derecho, un funcionario público detenido arbitrariamente y trabajadores de la cafetería del Palacio, varios de los cuales desaparecieron posteriormente.

La acusación se sustenta en documentos internos del Ejército, incluidos el plan “Tricolor 83” y manuales operativos que, según el ente investigador, revelan lineamientos que facilitaron graves vulneraciones a los derechos humanos.

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Estado colombiano como principal responsable

La nueva acusación de la Fiscalía se suma a un conjunto de decisiones nacionales e internacionales que han declarado al Estado colombiano como principal responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes, durante y después de la tragedia del Palación de Justicia. 

Diversas investigaciones de la Comisión de la Verdad, la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyen que:

1. El Estado no evitó la tragedia pese a tener alertas previas

Existían señales de inteligencia sobre la posibilidad de una acción del M-19. Aun así:

• No se reforzó la seguridad del Palacio.

• No se protegió a los magistrados.

• No se activaron protocolos adecuados de prevención.

Una omisión grave del deber estatal.

2. Hubo uso desproporcionado de la fuerza en la retoma

Durante la operación se emplearon tanques, fusilería pesada y explosivos, acciones propias de un conflicto militar abierto y no de un rescate de civiles. No hubo intentos de negociación sostenidos y se priorizó el objetivo militar. Esto contribuyó a elevar el número de víctimas.

3. Se registraron desapariciones forzadas de personas que salieron vivas

Videos y fotografías muestran a varios civiles con vida tras ser evacuados del edificio. Muchos fueron conducidos por fuerzas militares; algunos fueron torturados y otros nunca volvieron a aparecer, hechos considerados crímenes de lesa humanidad.

4. Sobrevivientes denunciaron torturas

Testimonios recogidos durante décadas revelan golpizas, amenazas y tratos crueles en interrogatorios realizados en instalaciones militares.

5. Se destruyeron y manipularon pruebas

Tras la retoma se alteraron escenas, desaparecieron documentos y se presentaron contradicciones oficiales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como un pacto de silencio institucional.

6. Hubo más de 35 años de impunidad

La falta de investigaciones serias, la protección a mandos altos y la ausencia de verdad oportuna fueron elementos que consolidaron la responsabilidad estatal por incumplir su deber de garantizar justicia.

Víctimas y organizaciones celebran la decisión

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron la acusación como una “victoria para la verdad y la memoria”, al considerar que el país sigue saldando una deuda histórica con las víctimas del Palacio de Justicia.

Un paso tardío, pero fundamental para la justicia

El llamado a juicio a los nueve exmilitares no solo busca esclarecer hechos concretos —como las torturas denunciadas—, sino que reabre un debate nacional sobre la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos y la obligación de rendir cuentas, casi cuatro décadas después del Holocausto del Palacio de Justicia.