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Nosotros los peones mientras el Gobierno y el Congreso juegan ajedrez

Por José Baruth Tafur G.
Abogado
Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña
Maestrante Comunicación Política
Entendamos el contexto: pasamos de distintas formas y características de gobiernos, un gobierno Duque que si bien enfrentó una pandemia también presentó desaciertos y desconexión con los ciudadanos, pero ahora estamos en la era del “gobierno del amor, el gobierno del cambio”, donde paradójicamente el que piensa distinto es “el enemigo de la paz”, “la oligarquía”, “el innombrable” o, en los días más creativos, quienes presentan su postura contraria al gobierno son “los saboteadores de la revolución”.
Lo dijo el presidente Gustavo Petro sin rodeos, ni necesidad de un guion en teleprompter: "Si el pueblo me elige y no me dejan gobernar, haré una constituyente". Una joya democrática, sin duda. En otra época, eso se habría llamado amenaza; hoy se llama mandato popular.
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El problema es que ese amor por el pueblo se traduce muy mal cuando el mismo presidente, con palabras desafiantes y sin respeto por la división de poderes, firma un decreto, junto a sus ministro, para convocar una consulta popular, mientras paralelamente, a viva voz y en plaza pública, invita a realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto porque el Congreso no aprobó su consulta popular, la cual fue presentada tras el hundimiento de la reforma laboral. Curiosamente, ahora otra reforma laboral presentada por el Congreso ya se encuentra en trámite y ha sido aprobada en un 75% de sus artículos.
¿Entonces los ministros cometieron error al extralimitarse? Al no contar con la aprobación del Congreso, así como lo establece la constitución de los colombianos la cual indica ese procedimiento para poder realizar una consulta popular, entonces lo hicieron con el entusiasmo del que firma un cheque sin fondos: ¿rápido, con fe ciega… y absolutamente por fuera de la ley? Porque, como bien explican varios juristas (y expresidentes de la Corte Constitucional, nada menos), ese decreto es abiertamente inconstitucional. ¿La razón? Porque en Colombia no se convoca ni una consulta popular ni mucho menos una constituyente por decreto presidencial —esto no es Venezuela, aunque a veces lo parezca, todas estas se realizan mediante tramites en el Congreso, en el caso de la asamblea constituyente mediante una ley, con revisión de la Corte. Pero bueno, detalles, ¿no?; El proceso está clarito en la Constitución del 91. Tan clarito que hay que pasarlo por alto si uno quiere hacer la revolución sin molestas interferencias legales.
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Lo más paradójico es que el mismo gobierno de manera selectiva se rasga las vestiduras cuando se atenta contra una vida, pero guarda un silencio tibio, casi calculado, cuando la víctima es alguien que representa la oposición. ¿Será que en este país hay víctimas de primera y de segunda? ¿Será que si piensas distinto, te toca asumir el riesgo como “daño colateral”? Porque el discurso de odio no solo se construye con balas, sino también con aplausos selectivos y silencios convenientes.
Hoy, mientras un senador lucha por su vida, el país asiste a una tragicomedia institucional en la que el presidente avanza como un bulldozer hacia una consulta popular y ambienta una constituyente exprés, como si estuviéramos en un episodio especial de Black Mirror versión Macondo. Y lo más alarmante no es la ilegalidad del camino, sino la naturalidad con la que lo transitamos.
Quizás llegó la hora de preguntarnos en serio: ¿qué tipo de democracia estamos construyendo cuando disentir es peligroso y gobernar implica saltarse la Constitución? Porque una cosa es querer transformar al país, y otra muy distinta es moldearlo a punta de decretazos, amenazas veladas y votos amnésicos.
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