Durante los días 4, 5 y 6 de diciembre se realizaron las declaraciones de militares pertenecientes a diferentes unidades de la IV Brigada del Ejército Nacional —entre ellas el Batallón de Artillería N.º 4 ‘Coronel Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), el Grupo de Caballería Mecanizado N.º4 ‘Juan del Corral’ (GMJCO), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.º5 (AFEUR), el Batallón de Infantería N.º32 ‘General Pedro Justo Berrío’ (BIPEB), el Batallón de Infantería N.º10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR) y el Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP).

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes, de los cuales 42 aceptaron su responsabilidad por escrito, comprometiéndose a contribuir al esclarecimiento de la verdad en el Subcaso Antioquia del Caso 03. Las audiencias se realizaron frente a unas 300 víctimas.

Reconocimientos y declaraciones

El compareciente Andrés Mauricio Rosero Bravo relató cómo, desde su rol, contribuyó a manipular informes operacionales: “Todo esto era mentira. Yo inventé todo el reporte, es decir, el falso combate. Y mientras eso, se ejecutó a la persona que ese pelotón tenía. Desconozco quien era y cómo fue retenida, yo solo llegué a ejecutar la escena del crimen y a encubrirla”.

Añadió un reconocimiento explícito sobre su conducta: “Me convertí en un monstruo al que solo le importaba dar resultados y recibir beneficios”.

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El coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado, quien fue comandante de unidad, asumió responsabilidad en los hechos cometidos por sus subordinados: “Éramos el mejor batallón, pero de asesinos. El que dio las órdenes fui yo. Todo lo que hicieron mis subalternos fue porque yo lo ordené”.

Y agregó, “Nunca tuve alianzas con paramilitares; pero no puedo desconocer que el batallón sí tenía alianzas con los paramilitares. Me faltó control, y no estoy justificando lo injustificable”.

Por su parte, Jaime Alberto Villegas Cano, comandante de pelotón, reconoció su participación en varios de los hechos investigados: “Mi marcha se tornó cada vez más oscura, porque fue teñida con sangre inocente, de personas campesinas, trabajadoras. El día de hoy tengo que reconocer y asumir mi responsabilidad en cuatro casos, en los cuales hice participación directa”

El capitán Freud Amin Niño Zanabria relató cómo, durante 2003 y 2005, se involucró directamente en hechos que contribuyeron a la comisión de crímenes: “Participé directamente en la muerte de 27 personas. Era una práctica sistematizada y, en vez de detenerla, me sumé”.

También hizo referencia a la responsabilidad de mando: “Tomé decisiones que terminaron afectando a personas que nada tenían que ver con la confrontación”.

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El teniente coronel Rubén Briam Blanco Bonilla aceptó su papel en la planeación y encubrimiento de casos dentro de su unidad: “Estas personas no pertenecían a un grupo armado y estaban en indefensión. Acepto mi responsabilidad porque estos hechos se planeaban, ejecutaban y encubrían”.

A su vez, Gersson Buitrago Medina, exjefe de inteligencia del batallón, reconoció que sus omisiones y decisiones facilitaron la victimización de civiles: “Fui totalmente irresponsable, negligente y descuidado. Mi actuación no estuvo a la altura de la dignidad humana ni de las obligaciones de mi cargo”.

“Contribuí a que se cometieran asesinatos al no cumplir con funciones vitales como verificar quiénes eran los guías e informantes. Nunca comprobé su procedencia. No realicé estudios de seguridad rigurosos para determinar quiénes eran ni cuáles eran sus intereses. Lo único que me importaba era que la información condujera a un resultado operacional, sin importar cómo”, señaló.

“Las armas y todo lo que pusimos con el ‘kit’, así se le llamaba a la ropa y todo lo que se les colaba (a las víctimas), fueron suministrados por grupos de autodefensas. Yo tenía que combatir a estas personas para proteger a la población y me confabulé con ellos”, reconoció el compareciente Jaime Alberto Villegas Cano, refiriéndose al asesinato de Yuri Isabel Toro Montes, de 14 años, y de Henry de Jesús Quintero, el 24 de enero del 2005.

Contexto e impacto

La magistrada Catalina Díaz Gómez, integrante de la Sala de Reconocimiento, destacó la magnitud de los daños sufridos: “Las víctimas han relatado afectaciones profundas en su salud física y emocional, pérdidas económicas y rupturas del tejido social”.

Y enfatizó cómo los incentivos dentro de la estructura militar contribuyeron a la sistematicidad de los crímenes: “El otorgamiento de medallas por supuestos combates ficticios muestra cómo los incentivos operacionales favorecieron que estos hechos ocurrieran de manera masiva y prolongada”.

Así el magistrado Óscar Parra señaló, “Las más de 6 mil ejecuciones estuvieron marcadas por documentación para dar apariencia de legalidad (…). Sin esa apariencia de legalidad, la sistematicidad de los crímenes no se hubiera conseguido”.

La segunda parte de estas comparecencias se realizará en Medellín entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025. En esta fase, se abordarán y reconocerán hechos ocurridos en el Valle de Aburrá, así como en el occidente y norte de Antioquia, entre 2004 y 2007.