Cuando se habla de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, en el imaginario social figuran regiones como Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y la Costa Caribe. El nombre del Tolima pasa desapercibido cuando se trata de este episodio tan cruento para la historia del país.

Sin embargo, los procesos judiciales y restaurativos en los que avanzan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad empiezan a armar el rompecabezas de una tragedia que fue más desgarradora de lo que se pensaba. La JEP empieza a hurgar en una herida profunda, las cifras comienzan a mostrar en su verdadera dimensión lo que fueron los falsos positivos en el Tolima.

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La información recolectada por la Comisión de la Verdad hasta el momento, muestra que las ejecuciones extrajudiciales en el Tolima se cometieron a varios niveles entre los años 2002 y 2008, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Lapso en el que se cumplieron tres momentos: la planeación, la ejecución y el encubrimiento.

“Según la Comisión de la Verdad, cerca de 280 tolimenses fueron presentados como bajas en combate en la década del 2000”, remarcó Carolina Vásquez, enlace territorial ante la JEP de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

El primer caso de resonancia fue el del Gaula Militar Tolima y la masacre de El Totumo. La JEP ya aceptó el sometimiento de 29 exmilitares, quienes admitieron el asesinato de civiles, a quienes hicieron pasar como extorsionistas abatidos en medio de operativos.

“Pero esa no fue la única forma de victimización que utilizó el Ejército en el Tolima. La JEP está investigando en estos momentos. Vamos a empezar a conocer y sobre todo a honrar los nombres de las personas inocentes que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, subrayó Vásquez.

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A partir de agosto del 2024 la JEP empezó a llamar los “comparecientes” o exmilitares, para mostrar sus avances en el reconocimiento de la verdad. Luego, los familiares de las víctimas pusieron de manifiesto sus demandas restaurativas. Es un proceso en el que los verdugos reparan, al menos en parte, el daño que causaron.

“Es un enfoque que no solo busca castigar al responsable, sino permitir el aporte a la verdad, el reconocimiento de responsabilidad y garantías de no repetición. Quienes participaron en estos hechos también deben dignificar la memoria de las víctimas, hacer reconocimiento público, para que no se nos olvide”, explicó la funcionaria.

Al igual que la cifra de víctimas, la de verdugos también es más elevada de lo que se pudiera pensar. “Se estima por parte de la JEP, que por lo menos en el Tolima debe haber unos 300 o más soldados que durante la década del 2000 participaron en las ejecuciones extrajudiciales en diferentes hechos; no solo lo del Gaula Tolima, sino también que hubo otras maneras de victimizar por parte de otros agentes del Estado presentes en el territorio”, detalló Vásquez.

En su momento generó revuelo el número que reveló la JEP: 6.402 víctimas de falsos positivos. Se confrontó la cifra de la Fiscalía, que era tres veces menor. De esas 6.402 víctimas, las tolimenses permanecían en el olvido.

“La gente piensa que la historia de los mal llamados falsos positivos no le tocó al Tolima, y en nuestro departamento vivimos esta historia, solo que no nos la han contado o no la hemos contado. Llegó el momento de que, gracias a la JEP, empecemos a conocer qué pasó en esa década, para que no se vuelva a repetir”, concluyó.