La Fiscalía General de la Nación destapó un entramado de corrupción e infiltración al interior de las fuerzas militares, el cual se encargaba de suministrar información de seguridad nacional a estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca.

Los presuntos involucrados en estas actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y la civil Luisa Fernanda Salgado Fernández.

Los tres involucrados fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército y la Policía Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.º 3 del Ejército Nacional, en Bogotá.

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La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

"De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia", detalló la Fiscalía.

La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado y secreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas el Tren de Aragua.

En el caso del sargento segundo Padilla Villanueva, los elementos materiales probatorios indican que sería el encargado de facilitar la entrada de la particular a las instalaciones militares y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.

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También se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

Así, quedaron en manos de una civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas.