La representante a la Cámara por la Alianza Verde–Pacto Histórico, Martha Alfonso, y el senador Robert Daza del Pacto Histórico, autores de la propuesta, buscan garantizar que más de 3.700 maestros y maestras del país recuperen este derecho fundamental y que se corrija esta injusticia histórica.

Los dos autores de la iniciativa, señalan que el propósito que se busca es que la llamada “Pensión Gracia” que favoreció a cientos de profesores en el Siglo XX, sea nuevamente activada para muchos docentes, que después de haber adquirido el derecho, se les negó por una controversial interpretación del Consejo de Estado en 1997.

“En Colombia existen miles de maestros y maestras que ya se han jubilado y tienen derecho a su Pensión Gracia, maestros que dieron su vida al servicio de la formación de muchísimos colombianos y colombianas, por eso hay que reconocerles este derecho”, expresó el senador Robert Daza, sobre esta iniciativa que en el gobierno de Juan Manuel Santos llegó hasta la sanción presidencial, pero fue negada.

Por su parte la representante por el Tolima, Martha Alfonso aseveró que “La Pensión Gracia es un derecho que obtuvieron muchos maestros de los municipios más apartados como una forma de compensación a los bajos salarios que tenían y que siguen teniendo hoy. Muchos obtuvieron ese derecho, pero otros no, así que como el derecho a la igualdad vamos a radicar este Proyecto de Pensión Gracia”, expresó la representante Martha Alfonso, quien aludió a los orígenes de esta Ley que fue establecida en 1913.

Historia

La Pensión Gracia, que esta vez iniciará su trámite por la Cámara de Representantes, fue un reconocimiento de la Nación a los educadores oficiales de primaria en los ámbitos territoriales, compensando sus bajos salarios. Con los años, esta pensión se amplió para incluir a docentes de normales, secundaria e inspectores educativos, según lo dispuesto en las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

Sin embargo, en 1997, el Consejo de Estado emitió una interpretación que excluyó a muchos docentes de este beneficio, argumentando que su vinculación posterior a la nacionalización de la educación (Ley 43 de 1975) los inhabilitaba para recibir la Pensión Gracia. Esto afectó directamente a los maestros nacionalizados, quienes perdieron un derecho histórico y justo.

Precisamente para corregir lo que se considera una injusticia, los congresistas Alfonso y Daza presentarán una propuesta legislativa de interpretación normativa a través de la cual se explicará que los educadores que cumplieron con los requisitos de servicio en primaria, normales, secundaria, inspección o supervisión educativa antes del 31 de diciembre de 1980, también serán beneficiarios de la Pensión Gracia, aun cuando su pensión ordinaria esté a cargo de la Nación total o parcialmente. “De aprobarse esta iniciativa, más de 3.755 maestros y maestras volverán a recibir este derecho, un logro que reivindica su labor y contribuye a la justicia social. Es un derecho que hace justicia”, dijo Alfonso.