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Alcalde del Guamo habría organizado las fiestas de junio sin permisos
Álvaro Augusto Prada, alcalde del Guamo, Tolima.
El alcalde de Guamo, Álvaro Augusto Prada Rueda, de nuevo resultó inmerso en líos jurídicos, ahora por aparentemente permitir la construcción sin permisos del escenario usado para las fiestas de San Juan y San Pedro de este 2025.
La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria al mandatario local, a varios de sus funcionarios y al inspector de Policía, Andrés Leonardo Carrillo, por presuntas irregularidades en la construcción de la plaza donde se efectuarían varios de los eventos programados en las fiestas.
Los otros funcionarios investigados son el secretario de Gobierno para la época de los hechos, Carlos Alfredo Mendoza Ramírez; el director de Imdreguamo, Manuel Fernando Molano; el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, Mario Molano, y el coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Diego Caballero Murillo.
También se abrió investigación a la directora de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Aurora Alejandra Sánchez Varón; la secretaria de Planeación, Laura Patricia Bernal Preciado; el secretario de Desarrollo, Eduardo Bonilla Prada, y los funcionarios municipales Carlos Andrés Murillo y Richard Antonio Vásquez Ospina.
"La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral (Tolima) los investiga porque, al parecer, no se habrían expedido los permisos necesarios para la construcción del escenario, y no habría contado con los estudios y diseños requeridos para su ejecución", indicó el Ministerio Público.
Con la investigación, el órgano de control busca establecer si la conducta constituye una falta disciplinaria, determinar si existen causales de exclusión de responsabilidad, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos.
Hace apenas un mes, la Procuraduría también le formuló pliego de cargos al alcalde del Guamo, en ese momento por permitir la construcción de las corralejas sin cumplir los requisitos urbanísticos, ambientales y de gestión del riesgo exigidos por la ley.
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