Por Carlos Alberto Estefan Upegui
*Exgobernador del Tolima.

Estos dos aspectos de la vida política de Colombia marcan una gran diferencia uno de otro, tanto en su intención como en su legalidad. El primero, el famoso «articulito» que cambió la Constitución recurriendo al cohecho, tal como lo establecieron los fallos judiciales producto de las investigaciones contra quienes orquestaron el asunto y que sirvió de plataforma para la reelección presidencial de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Y el denominado despectivamente por la oposición «decretazo» que expedirá el Presidente Petro con la firma de todos sus ministros y que la prensa, en demostración de parcialidad ha cuestionado, olvidándose, unos y otros que en este caso, a diferencia de violentar la Constitución Nacional como sucedió con la reelección, hace valer la soberanía del pueblo y llama a la consulta popular.

 Su motivación está en que el Senado no hizo propiamente «negación o afirmación de la convocatoria en los términos de ley.» Los que no simpatizan con el gobierno desconocen una Consulta Popular fundamentada en la Constitución Política de 1991, específicamente en sus artículos 103 y 105 como mecanismo de participación del pueblo para ejercer su soberanía, pronunciándose sobre asuntos de trascendencia nacional como este.

Ha sido un juez de la República quien vía tutela amparó los derechos conculcados a la población por el Congreso de La República sobre el tema y ordenó repetir la votación en el senado en menos de 48 horas, lo cual tampoco ocurrió, ignorándose una orden judicial producida en ejercicio de sus funciones.

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 En consecuencia, el Señor Presidente expedirá el decreto basado en que si un juez acaba de tutelar el derecho a la consulta lo hizo porque determinó que «… hubo fraude en el Senado(…)» Así mismo, el jurista José Gregorio Hernández Galindo, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, afirma que la decisión del juez sí obliga. Hoy «»… la disputa está centrada en las facultades presidenciales y los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Entonces, La Corte Constitucional podría coadyuvar aún más, si así lo desean, en establecer con máxima claridad cualquier controversia sobre la constitucionalidad del decreto…/I.A. Son las dos ‘colombias’, la que apoyó el «articulito» y la que respalda y acoge la «Consulta popular», lo cual representa, dos formas de hacer política y claramente dos vertientes sobre las que se desenvuelve la vida pública en nuestro país, una de ellas inspirada en conservar sus propios privilegios, así sea violentando las normas, sin que por ello merezcan siquiera llamarse "derecha" y quienes a lo largo de los años les ha tocado soportar las injusticias, la inequidad y los malos gobiernos, y que por esa razón tampoco se pueden discriminar llamándolos "la izquierda", sino que somos todos, unos y otros, la mayoría de ciudadanos unidos a una sola voz, quienes esperamos el cambio que necesita el país y conservamos el deseo de procurar una sociedad más justa con gobernantes probos y honestos.