El concejal de Ibagué Joseph González, del Partido Conservador, citó a un debate de control político sobre seguridad y convivencia ciudadana a la Secretaría de Gobierno, encabezada por Francisco Espín. Durante la sesión, aseguró que la estrategia de seguridad de la Administración no está dando resultados frente al aumento de los delitos en la ciudad.

El cabildante señaló que el homicidio aumentó un 10.38% entre 2024 y 2025 y que las cifras de 2026 son alarmantes por estar ya muy cerca de los totales de años anteriores a mitad de año.

Resaltó que la Comuna 1 (centro) es la más afectada, con incrementos de hasta el 300% en algunos delitos, mientras que las comunas 7 y 9 presentan la mayor cantidad de homicidios.

González afirmó que los informes presentados por la Secretaría incluyen actividades de los gestores de convivencia, como cine al parque, podas, limpieza de escombros y jornadas recreativas, como si fueran indicadores de seguridad ciudadana.

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"¿Cuántos homicidios se evitaron gracias a una poda?" o "¿Cuántas bandas se desarticularon gracias a un cine al parque?", cuestionó el cabildante, al considerar que se está confundiendo la gestión comunitaria con la política criminal.

El concejal también advirtió que la delincuencia se está trasladando a la zona rural y aseguró que existen amenazas de grupos armados que, según él, las autoridades no están reconociendo. Como ejemplo, señaló que en El Totumo los homicidios aumentaron un 500 %, mientras que en Cuello Cocora el incremento fue del 100 %.

Asimismo, calificó como "grave" que la Secretaría de Gobierno y la Policía reconocieran que no cuentan con estudios de percepción de seguridad ni sobre la cifra de delitos que no son denunciados.

"Lo que no se mide no se puede gestionar", sostuvo González, al advertir que sin información sobre la cifra oculta de delitos es difícil diseñar una política de seguridad efectiva.

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Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la ejecución presupuestal. Según indicó, a mayo de 2026 la Secretaría había ejecutado el 40,34 % de sus recursos y, de ese monto, el 68,8 % correspondía a contratos de prestación de servicios (OPS), mientras que solo el 31,2 % se destinó a bienes y servicios para fortalecer la seguridad.

Indicó que teniendo a 196 profesionales contratados (abogados, politólogos, psicólogos), la secretaría no es capaz de producir estudios técnicos de seguridad

Finalmente, pidió explicaciones sobre la exclusión de la comuna 8 de la primera fase del programa de cámaras de seguridad y solicitó que la distribución de estos equipos responda a la incidencia delictiva de cada sector.