El próximo jueves el Colectivo de Mujeres del Tolima en colaboración con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres darán inicio al ‘Diagnóstico sobre la aplicación de la Sentencia C-355 del 2006 en Ibagué’ en una reunión con las instituciones y actores implicados en el proceso de solicitud, acceso y garantía a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la ciudad, este con el fin de conocer las barreras de acceso que siguen teniendo las mujeres en Ibagué para ejercer su derecho a la IVE.

En Colombia, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-355 del 2006, despenalizó el aborto y garantizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo tres circunstancias: cuando el embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación en el feto que haga inviable su vida, y cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual, inseminación artificial no consentida o incesto. 

Pese a los avances normativos en el país, todavía existen múltiples barreras de acceso a la IVE en Colombia. Según ‘La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres’, organización que desde 1998 viene promoviendo la legalización total del aborto en Colombia, en su informe sobre ‘Barreras de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia’ establece que las barreras de acceso se deben a: desconocimiento del marco legal en el cual, actores e instituciones implicados en el proceso de solicitud, acceso y garantía, desestiman los pronunciamientos judiciales; interpretación restrictiva del marco legal, es decir, una compresión limitada, sesgada o errónea de los pronunciamientos judiciales acerca de la IVE y por fallas en la prestación del servicio de salud en la que funcionarios de las instituciones prestadoras del servicio aplazan de manera injustificada el procedimiento.

El Colectivo de Mujeres del Tolima exige condiciones para el aborto seguro y con calidad en atención, lo que implica, disminución de las barreras de acceso, información sobre las rutas de atención, garantía en la prestación del servicio de manera oportuna y formación a los prestadores de servicio para la no dilatación injustificada para la garantía del derecho.